Lavih Abraham
Necesitamos dólares. Se consiguen a través de la exportación, principalmente por la venta en los últimos eslabones de la cadena. Sin embargo, conseguir divisas es una tarea que compromete a buena parte de la matriz productiva nacional. Miles de personas, empresas, cooperativas y el propio Estado unen esfuerzos para producir y comerciar bienes y servicios que tienen como destino el mercado externo. Es que la producción exportada tiene un doble carácter. La ganancia de los exportadore es también un bien social que satisface las necesidades de gastos del país en el extranjero. Nos sirve para importar materias primas y bienes de consumo, el turismo en el exterior y servicios varios que no se prestan localmente. En este doble carácter, en el que todos producimos los bienes y servicios que se exportarán, pero sólo algunos se quedan con los dólares porque son quienes se encargan de su comercialización en el exterior. Se juega buena parte de los desafíos de la política económica de los próximos años.
Por ejemplo, productores agrarios grandes, pequeños o cooperativos, sus proveedores y transportistas que transitan rutas construidas por el Estado se conjugan para que una aceitera exporte soja. Y es esta última la que decide qué hacer una vez que cobró los dólares en el extranjero; es decir, tiene la potestad de liquidarlos o no. El ejemplo no es trivial. Las principales exportadoras aceiteras eligieron no liquidar casi 18.000 millones de dólares desde que se relajó la obligación para hacerlo (primero a 5 años, luego a 10 años y finalmente por plazo indefinido). Si hubieran sido liquidados esos dólares y los de otros complejos exportadores, un stock mayor de reservas podría haber evitado la deuda con el FMI, podría haber estabilizado el tipo de cambio y tener los precios en pesos controlados, en lugar del desmadre inflacionario que atraviesa la Argentina desde hace un año.
Después de las PASO, tras tres años de apertura y desregulación, el gobierno pegó un volantazo para controlar las divisas ante un panorama de reservas que se agotan. Se decidió obligar a liquidar las divisas a quienes exportan en un plazo de 5 días, mucho menor al que regía hasta 2015, cuando era de 60 días; se limitó la compra mensual de dólares hasta 10.000, para evitar el atesoramiento de las empresas; se estableció una autorización estatal para enviar ganancias en dólares a las casas matrices en otros países. Estas medidas sin dudas tendrán que quedarse un buen tiempo. El gobierno entrante no podrá sino mantenerlas, pero probablemente sea necesario también repensar el uso de las divisas con medidas de fondo que apunten a reducir la volatilidad cambiaria y lograr una mayor previsibilidad macroeconómica. Hace falta, en definitiva, complementar las medidas tomadas casi de urgencia por este gobierno con otras que estarán a cargo del próximo.
Una primera batería de medidas deseables apuntaría a un mayor control de capitales de corto plazo. La experiencia histórica de Chile durante la década de 1990 muestra que es posible morigerar el efecto de una salida brusca de capitales especulativos, aplicando medidas tales como establecer el plazo mínimo de un año para la inversión; un 30 por ciento de la inversión debe quedar en garantía, no remunerada; y cobrar una tasa a los préstamos extranjeros. Esos requisitos se aplicaron durante siete años y luego fueron quitándose gradualmente.
Es necesario además reglamentar la Ley de Inversiones Extranjeras de la última dictadura actualmente vigente. En particular, reglamentar la posibilidad de girar utilidades, esto es, cuántos dólares se pueden mandar a la casa matriz y dar una definición más clara respecto de qué se considera “inversión”. En particular, habría que diferenciar entre inversiones nuevas y compra de activos preexistentes.
Por otro lado, habría que terminar con la posibilidad de que el Estado emita bonos que se compran en pesos y se pagan en dólares. Si el Estado va a pagar capital e intereses en dólares, esos títulos necesariamente tienen que ser comprados con dólares. También sería deseable lograr un perfil de deuda externa tomada con organismos internacionales para proyectos específicos y no una toma alocada en mercados como fue la norma durante este gobierno.
En definitiva, el Estado tiene que tomar un rol activo en la definición del destino de un excedente social sin que eso implique ningún tipo de lesión a derechos de propiedad ni mucho menos. Parafraseando a Georges Clemenceau se puede decir que para nuestro país los dólares son un asunto demasiado importante como para dejarlos en mano de los exportadores.
Publicado en Página/12