Lo que viene después de la devaluación: disciplanamiento social

Sergio Arelovich

Días antes de la asunción presidencial advertíamos que los anuncios previos al 10 de diciembre habían creado un mar de incertidumbre. Se había empezado a construir un nuevo escenario en la distribución del ingreso, sirviendo el banquete para exportadores, conglomerado de empresas formadoras de precios y el sistema financiero, entre otros. Señalábamos que el pato de la boda serían los sectores de ingresos fijos: asalariados, jubilados, pensionados o beneficiarios de programas sociales diversos, aun con la implementación de mejoras nominales absorbidas con creces por el proceso inflacionario. Y que en consecuencia se trataba de la creación de un escenario de caos con el propósito de establecer condiciones para el disciplinamiento social. Los primeros días del nuevo Gobierno comenzaron a dar luz sobre la intensidad y también respecto de las prioridades en materia de política económica, ratificando aquellas expectativas.

A partir de la construcción normativa contenida en decretos, resoluciones, comunicaciones y otro tipo de instrumentos de jerarquía indiscutiblemente inferior a la supremacía jurídica de leyes, códigos de fondo y la propia Constitución Nacional, el gobierno de Mauricio Macri generó en el plano económico –aunque no reducido a este– un conjunto de modificaciones, esencialmente en materia cambiaria y aduanera. Atribuir jerarquía de plan económico a este conjunto heterogéneo de medidas sería darle demasiado crédito. Por el contrario, se trata de la intervención del Estado nacional y no de su prescindencia, para generar una transferencia de ingresos desde un sector mayoritario de la sociedad hacia otro sector reducido compuesto por un puñado de empresas locales y extranjeras.

Los 120 días que fijó el nuevo titular del Indec, Jorge Todesca, como plazo para la regularización de dicho organismo, deberían poner énfasis en los cambios producidos en la Cuenta de Generación del Ingreso derivadas de lo ocurrido en la economía argentina a partir del 23 de noviembre de 2015 y en el comportamiento intersectorial de los precios mayoristas. ¿Cómo hizo el dólar oficial para crecer 9,80 a 13,95 del 16 al 17 de diciembre? Validando la primera operación cursada en torno del nuevo precio. En español: con la intervención del BCRA para que el dólar alcance su nuevo nivel. No se trata del mercado sino de la acción del Estado nacional, en este caso administrando la flotación del tipo de cambio desde un nuevo piso.

Se trata siempre de un Estado presente y no de un estado ausente. La cuestión es presente para qué y para quienes. Si se le diera un orden de importancia a las modificaciones normativas entre el 11 y el 24 de diciembre, podríamos destacar las Comunicaciones A 5850, hasta la A 5855 del BCRA, el Decreto 133/2015 y la Resolución General de AFIP 3823. Se trata de la homologación del proceso devaluatorio que se expresaba en el marginal mercado negro, de las modificaciones al funcionamiento del mercado único libre de cambios, del tratamiento de las posiciones en divisas de las entidades financieras, de un nuevo programa de emisión de letras del tesoro (en pesos y en dólares), de la reducción a cero o disminución de las alícuotas de los derechos de exportación para un conjunto de posiciones arancelarias, del cambio del régimen dentro de las licencias automáticas y no automáticas de importación.

La transferencia de ingresos a favor del núcleo duro que representa el poder económico en Argentina es obscena en comparación con las necesidades de amplias capas de la población sumidas en situación de pobreza. La única medida en sentido contrario ha sido la de otorgar exiguos 400 pesos para un conjunto de programas sociales vigentes. Los trabajadores del sector estatal y del sector privado reclaman una compensación frente a la pérdida del poder de compra, derivada del crecimiento exponencial de los precios. El Gobierno nacional sólo tiene incumbencia en la órbita del sector público homónimo.

¿Cuánto mide un doble aguinaldo extra para los trabajadores activos del Estado nacional? Una cifra similar a la que no pagarán –en concepto del impuesto a las ganancias– los magistrados y funcionarios del poder judicial para el ejercicio 2016 o un tercio de la reducción de contribuciones patronales vigente para las empresas no residentes en Capital Federal o un tercio del Impuesto a las Ganancias que no pagará una parte de la renta financiera constituida por los intereses sobre los títulos públicos y los depósitos a plazo fijo. La única respuesta clara a las demandas de los trabajadores no ha sido económica sino el envío de la Gendarmería.

Publicado en Página/12

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