Marco Kofman
La inflación interanual se ubicó, con el registro de mayo, por encima del 60 por ciento. Proponemos una mirada de mediano plazo apuntando más allá del análisis de los factores coyunturales que se articularon para elevar los precios a un ritmo no visto desde el final del gobierno de Alfonsín.
Hace al menos tres lustros que la inflación viene acelerándose. Los picos son cada vez más elevados (32 por ciento en 2008, 44 en 2014, 47 en 2016, 57 en 2019 y 61, y subiendo, en 2022), los valles, cada vez menos bajos (12 por ciento en 2009, 24 en 2015, 36 por ciento en 2020).
Si bien los momentos de mayor inflación coinciden con cambios en alguna variable asociada al sector externo de la economía (movimientos bruscos en el tipo de cambio o incrementos de los precios internacionales de materias primas y alimentos), su amplificación doméstica, cada vez de mayor intensidad, entendemos, responde a un factor estructural interno: el deterioro de la capacidad estatal para conducir el proceso económico.
La capacidad de un gobierno para conducir la economía se asocia a un conjunto de factores de índole política (establecimiento de mayorías electorales, regulación del conflicto, fortaleza y representatividad de la alianza social gobernante), y a otro de índole económica (solidez interna y externa del modelo). Ambos conjuntos interactúan afectándose entre sí, debilitándose o fortaleciéndose mutuamente.
La facultad de conducir la economía es clave para impulsar determinados sectores económicos y a sus actores asociados, articular los precios relativos de la economía en función de los objetivos que se establezcan o resolver los conflictos distributivos en sus diferentes niveles.
Es en este contexto que debe pensarse la experiencia reciente del Estado y la economía nacional. Las dificultades en el frente externo que frenaron la tendencia creciente del producto interno a partir de 2011; el alejamiento de algunos actores sociales sensibles para el Frente de la Victoria en el último mandato de Cristina Fernández, que concluyó en la derrota electoral en 2015; el feroz endeudamiento en moneda extranjera asociado a un proceso inédito de fuga de capitales promovido por el gobierno de Cambiemos; las consecuencias de la pandemia y de la guerra en Ucrania; y la ausencia de un proyecto político desde el Poder Ejecutivo que convoque y participe a las voluntades que permitieron la victoria electoral del Frente de Todos, son elementos que fueron debilitando la capacidad de conducción económica del Estado en la última década.
Para esta mirada de largo alcance, el rol de los monopolios es central, pero no exclusivamente porque los monopolistas fijen para sus productos un precio superior al precio teórico que resultaría en un mercado competitivo. Eso es, en verdad, una consecuencia y una expresión del problema, aunque no su principal causa. El drama con la concentración económica es que, ante todo, es concentración de poder, y que esta tiene una traducción (o representación) política que históricamente se dedicó a minar las experiencias redistributivas favorables a las mayorías o, cuando fue posible, dirigir las experiencias liberales.
Uno de los principales componentes de la inflación, elemento central para entender su dinámica inercial, es la disputa por los ingresos. La tensión permanente sobre el sistema de precios sólo puede relajarse si, en alguna medida, también lo hace esta disputa. Esto ocurre cuando un grupo logra articular y ejercer un poder hegemónico sobre el resto: eso que llaman “acuerdo social”, no es otra cosa que una oferta que el sector más débil no está en condiciones de rechazar.
La retroalimentación entre problemas políticos y económicos tiene, en la inflación, un elemento particularmente peligroso. En un contexto de aceleración inflacionaria se profundiza el carácter bimonetario de la economía, empeora la distribución del ingreso, se incrementa el poder monopolista.
La escalada de precios debe frenarse, pero hasta ahora las experiencias “exitosas” de programas que han cortado con esta dinámica por un período considerable de tiempo han sido de carácter regresivo, con una pérdida importante de ingresos para la clase trabajadora.
Para construir una experiencia diferente es clave la construcción de un frente social sólido que recupere la iniciativa política y reconstruya la mayoría electoral que clausuró la última experiencia neoliberal en el país. En un campo minado por Cambiemos con la reintroducción del FMI, hay un elemento que puede jugar a favor: la economía, a pesar de todo, está creciendo.
Publicada en Página/12