Sergio Arelovich
Dentro de los roles que juegan o pueden jugar las entidades financieras, está el relevante papel de ser agentes financieros de las diferentes jurisdicciones estatales. Se trata del rol de depositario de los fondos públicos de la administración central, organismos descentralizados, instituciones de la seguridad social, sociedades del Estado, empresas con participación estatal mayoritaria y otras entidades del sector público. Este papel tiene como contrapartida el uso emergente de la capacidad prestable generada por los promedios de saldos existentes en las cuentas que tienen por titular a las instituciones del sector público. Se trata de un papel que requiere garantías de resguardo de los saldos depositados, lo sean con destino a la atención de la llamada deuda flotante, o para atender la formación bruta de capital, o para solventar políticas anticíclicas, dado que se trata de dinero público. Desde otra perspectiva, el uso o colocación de los fondos prestables se erige en una herramienta de promoción del crédito, cuyo diseño no debiera razonablemente quedar en manos privadas.
Los años noventa, durante la gestión presidencial de Carlos Menem, tuvieron como signo distintivo –aunque no único– la privatización de empresas públicas. El sistema financiero sufrió idéntica suerte. Así vivimos el intento de privatización del Banco Nación y la liquidación de la banca de desarrollo e hipotecaria, un proceso de adquisición de bancos estatales de provincia por parte de la banca privada de capital nacional o simplemente la liquidación de entidades públicas y el reemplazo del rol por entidades de capital nacional que se erigieron en nuevos agentes financieros de los estados provinciales.
Este proceso contó con la anuencia y acompañamiento en acciones, por numerosos gobiernos provinciales, entre ellos el de la provincia de Santa Fe, que durante la primera gestión del gobernador Jorge Obeid privatizó el Banco de Santa Fe entregándolo, en una ruinosa operación, al Banco General de Negocios –propiedad de los hermanos Rohm y en cuyo directorio también tenía participación el ex ministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz, ideólogo y promotor de la Ley de Entidades Financieras que aún rige al sector–, operación que finalmente culminó en su reasignación al grupo Petersen, encabezado por Enrique Eskenazi. Este grupo además es propietario del Banco de San Juan, Banco de Santa Cruz y Nuevo Banco de Entre Ríos. El Grupo Petersen es propietario del 70,14 por ciento de las acciones del Banco de San Juan. A su vez, este banco poseía el 51 por ciento del paquete accionario del Banco de Santa Cruz y el 93,39 por ciento del Nuevo Banco de Santa Fe. Finalmente, el Nuevo Banco de Santa Fe era el propietario del 64 por ciento de las acciones del Nuevo Banco de Entre Ríos.
La privatización de la gestión de los fondos públicos de los estados provinciales no se reduce a este caso. Otro de gran envergadura lo constituye el Grupo Macro. En efecto, las provincias de Jujuy, Salta y Misiones tienen como agente financiero al Banco Macro propiedad de Jorge Brito y la provincia de Tucumán deposita sus fondos en el Banco del Tucumán propiedad en 89,92 por ciento del Banco Macro. También es el caso de las provincias de Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, Río Negro, San Luis. De las veinticuatro jurisdicciones (incluyendo a la ciudad de Buenos Aires), trece poseen como agente financiero a una entidad privada.
Esto no significa que las que tienen como agente financiero a una entidad de propiedad pública, sea nacional o provincial, estén a salvo de críticas, señalamientos o incluso actos de corrupción y clientelismo. Pero toda política de autonomía de los estados provinciales que pretenda diseñarse en materia de administración de recursos financieros excedentes, sean éstos temporales o permanentes, es de imposible realización si los agentes financieros poseen participación decisoria mayoritaria en manos de accionistas privados. Es preciso aclarar que, además, los estados provinciales pagan por este servicio, cuando los grandes beneficiarios son los bancos, que reciben en forma gratuita la posibilidad de lucrar con los fondos prestables emergentes de los depósitos de los estados.
Finalmente, hay gobiernos provinciales y municipales que poseen como agente financiero al Banco Nación, ante la liquidación de las respectivas bancas provinciales como Catamarca y Mendoza. Ello, si bien es diferente del caso hasta ahora expuesto, no deja de crear un problema adicional por la falta de injerencia de los gobiernos locales en la determinación del uso o aplicación de los fondos prestables originados en los depósitos del sector público de cada jurisdicción.
Publicado en Página/12